En Maracaibo persiste una desigualdad cultural que no puede seguir siendo ignorada. A menudo celebramos la asombrosa programación artística de las parroquias Bolívar, Santa Lucía, Olegario Villalobos y Juana de Ávila, donde laten los grandes referentes del quehacer cultural zuliano: el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, la FEDA, el Teatro Baralt, el Museo Municipal de Artes Gráficas, el Museo de la Gaita, la Biblioteca Pública “María Calcaño”, el Teatro Bellas Artes, la Vereda del Lago y la Ciudad Universitaria, sin olvidar las pocas academias de danza, librerías y galerías que aun existen en estas zonas. Pero esta centralidad, antes orgullo, hoy revela una fractura dolorosa: solo cuatro de las dieciocho parroquias concentran el grueso de la infraestructura cultural de Maracaibo.
¿Qué sucede con el resto del municipio? Las otras catorce parroquias viven, sí, pero en un desierto de posibilidades culturales. Sin museos ni auditorios, sin escuelas de arte, sin bibliotecas públicas ni espacios escénicos apropiados, los barrios de Maracaibo enfrentan día a día una exclusión silenciosa, una carencia que limita el acceso a las experiencias estéticas y formativas que todo ciudadano merece. Esta situación no solo empobrece la vida cotidiana de sus habitantes, sino que fragmenta la identidad colectiva de la ciudad.
El desarrollo cultural de una urbe viva y plural como Maracaibo no puede seguir dependiendo exclusivamente de iniciativas espontáneas o del voluntarismo de algunos gestores valientes. Se hace imperativo un macroproyecto de infraestructura cultural que trascienda los límites tradicionales del casco central. Auditorios, bibliotecas, museos comunitarios, casas de la cultura y conservatorios deben brotar en parroquias como Venancio Pulgar, Idelfonso Vásquez, Antonio Borjas Romero, Francisco Eugenio Bustamante, Manuel Dagnino y San Isidro, entre muchas otras. La justicia cultural es, también, una forma de justicia social.
Mientras ese proyecto de gran aliento se concibe y se pone en marcha —y mientras las autoridades asumen su compromiso—, urge implementar soluciones creativas y de bajo costo: convertir canchas deportivas en escenarios temporales, transformar salones comunales, parroquiales y casas particulares en salas de ensayo o lectura, hacer de las salas de cine comercial espacios de proyección artística alternativa. Se trata de sembrar cultura con las herramientas a mano, allí donde la gente ya vive y resiste.
Esta propuesta no debe confundirse con aquellas caravanas culturales que en las primeras décadas del siglo XXI intentaron, sin éxito y sin respeto, llevar eventos una vez al año como quien reparte limosnas. El pueblo no necesita “funciones para entretenerse” enviadas por una élite desconectada de las realidades de nuestras comunidades. El pueblo necesita ser parte activa del proceso creador. La descentralización no es solamente geográfica, sino simbólica y estructural: implica desmontar la idea de que el centro produce y la periferia consume. El maracaibeño de cualquier rincón tiene derecho no solo a disfrutar del arte, sino a ser protagonista de él, a decir su palabra, a poner su acento en el concierto plural de la zulianidad.
Maracaibo, a pesar de todo, mantiene una llama cultural viva gracias al compromiso de artistas, colectivos, agrupaciones comunitarias y gestores independientes que, con escasos recursos, sostienen la esperanza. Pero no pueden seguir solos. Las instituciones culturales del estado deben pasar de la pasividad a la articulación estratégica. La gestión pública necesita ser reconfigurada con sentido de urgencia. Giovanny Villalobos y Ramón Colina, a quienes corresponde hoy liderar el aparato cultural regional y municipal, tienen ante sí la histórica responsabilidad de reconstruir los vínculos con la ciudadanía creadora y abrir las puertas a una nueva red de producción simbólica.
Para lograrlo, no basta con buenas intenciones. Se requiere, además, una Ley Regional de Cultura robusta, participativa y aplicada con rigor, así como una ordenanza municipal que legitime y facilite la acción cultural en cada parroquia. Estas normativas no pueden seguir siendo letra muerta ni promesas electorales. La cultura necesita ser entendida como derecho, como política de Estado y como herramienta para el desarrollo humano y la cohesión social.
La cultura en Maracaibo no puede seguir siendo un privilegio de pocos ni una postal para el turismo. Tiene que ser el alma común que nos reconcilia, que nos representa y que nos permite soñar colectivamente con una ciudad más equitativa, más viva, más nuestra. Porque una ciudad culturalmente viva es una ciudad donde todos y todas tienen el derecho —y la oportunidad real— de crear, compartir y celebrar la vida desde el arte.
Excelente. El Derecho Humano a la Cultura consagrado en nuestra Constitución debe ser promocionado tenerlo como fundamento del quehacer del ser humano.